Una investigación iniciada por la organización sin fines de lucro Alianza Ciudadana sobre obras ejecutadas por el consorcio Odebrecht-Rizek durante la gestión de Gonzalo Castillo en el Ministerio de Obras Públicas revela graves irregularidades, en las que el Estado Dominicano habría sido perjudicado con miles de millones de pesos.
Los abogados Eddy de Gracia, presidente de la Fundación Alianza Ciudadana, y Evelyn Torres, refieren los trabajos de diseño, construcción y financiamiento de la rehabilitación y mejoramiento de la carretera Bávaro-Uvero Alto-Miches-Sabana de la Mar, así como la terminal portuaria de esta última demarcación de la región Oriental, aprobados por una inversión de 265 millones 349 mil 314 dólares con 96 centavos, pero que fueron cubicados en una suma que le sobrepasó en 85 millones de dólares, equivalentes a más de cuatro mil 900 millones de pesos.
La Fundación Alianza Ciudadana para la Defensa de los Derechos Fundamentales resalta que en los proyectos se hicieron incrementos sustanciales sin soporte técnico, legal o administrativo para hacer las variaciones.
La pesquisa comprueba que el proyecto fue autorizado en el 2011 pero cubicado en el 2016, en la gestión de Castillo en el Ministerio de Obras Públicas y Telecomunicaciones, con diversas variaciones técnicas y económicas desfavorables para las construcciones.
Detalles considerados como irregularidades por la investigación dan cuenta de 90 millones 900 mil dólares pagados por trabajos de terminación del Boulevard Turístico del Este, suscrito en noviembre del 2012 y ratificado por presidente Danilo Medina mediante oficio 67-13, con carácter retroactivo.
Otra obra donde el presupuesto original fue superado sustancialmente por el ejecutado, según la investigación, fue el de la ampliación de la carretera La Romana-San Pedro de Macorís, con un incremento de 52 millones de dólares, equivalentes a más de tres mil 100 millones de pesos, con la particularidad de que lo construido fue inferior a lo contratado.
Antecedentes de la investigación
Alianza Ciudadana refiere que en fecha 07 de octubre de 2011, mediante resolución 240-11 el Poder Legislativo aprobó el Contrato de Ejecución de Obra No.084-2010 de fecha 15 de julio del 2010 suscrito entre el Estado dominicano y el Consorcio Carretera Bávaro-Sabana de la Mar, conformado por la Constructora Norberto Odebrecht, S.A y Sinercón aprobado por un monto ascendente a la suma de US$265,349,314.96 para el diseño, construcción y financiamiento de la rehabilitación y mejoramiento de la carretera Bávaro-Uvero Alto-Miches-Sabana de la Mar y la construcción de una terminal portuaria en Sabana de la Mar.
Señala que los términos de dicho contrato contemplan, al detalle, el diseño, construcción y financiamiento de la rehabilitación y mejoramiento de infraestructuras tales como, la construcción de un puente sobre el río Maimón con una longitud de 60 metros, variantes para evitar zonas urbanas, la nueva autopista circunvalación de Miches así como la Terminal Portuaria para Ferris en Sabana de la Mar, sus longitudes y grosor de la capa asfáltica, entre otros aspectos de construcción que se detallan en el referido contrato.
Agrega que el monto contractual acordado para la ejecución del universo de obras e infraestructuras relacionadas con el diseño, construcción y financiamiento de la rehabilitación y mejoramiento de la carretera Bávaro-Uvero Alto-Miches-Sabana de la Mar y la construcción de una terminal portuaria en Sabana de la Mar, ascendía a Doscientos Sesenta y Cinco Millones, Trescientos Cuarenta y Nueve mil, Trescientos Catorce dólares con noventa y seis centavos (US$ 265,349,314.96).
“Dichas obras-autorizadas desde el año 2011-pero cubicadas en el año 2016, durante la gestión del señor Gonzalo Castillo Terrero frente al Ministerio de Obras Públicas y Telecomunicaciones, fueron objeto de variaciones técnico-económicas desfavorables a la misma y con total distanciamiento del contrato autorizado y con localización geográfica de dicho contrato, lo que demuestra la irregularidad de su ejecución”, indica.
La investigación precisa que “en la cubicación número 57 del mes julio del año 2016, relacionada con la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Bávaro-Uvero Alto-Miches, asciende a Trescientos Once Millones, setecientos setenta y tres mil pesos con noventa y nueve pesos con noventa y cinco centavos (RD$ 311,773,099.95) excediendo el monto acordado por la suma de Ochenta y Cinco Mil millones de dólares (US$ 85,000,000.00) equivalentes a la suma de Cuatro mil millones Novecientos setenta y seis mil cien pesos con 00/100. (RD$ 4,976,100.000) sin sustento técnico, administrativo o legal que justifique dicho incremento”.
Más dinero pagado por menos obras realizadas
De acuerdo con las indagaciones, “contrario a lo que debe generar un incremento en el valor total de la obra, entiéndase su mejoramiento, ampliación o la aparición de algún imprevisto que conllevara una mayor inversión”, trabajos contemplados en el proyecto original no se realizaron.
Asimismo señala que durante la ejecución de este contrato no se ejecutaron l obras físicas proyectadas, “en tanto si, fueron desviados a acciones ocultas y hasta hoy los recursos financieros destinados a la ejecución de los siguientes puntos contemplados en el contrato de ejecución aprobado en el año 2011”.
Entre los trabajos aprobados que no se ejecutaron, de acuerdo a la fundación, se mencionan los tramos carreteros del KM0+000 al KM52+700 (El Cedro), en tanto que se redujo la calidad del pavimento para una vida útil de 20 años a cinco (05) años.
Sostiene que igual suerte corrió el ancho de la plataforma en una longitud de 2.0m (dos metros) KM52+700 al KM 73+000 (Miches), donde la calidad de la vida útil también fue
reducida de 20 a 5 años, reduciendo el ancho de plataforma en 2.4 m y se diseñó con una longitud para permitir un tránsito de 45 km por hora en lugar de 80 Km por hora, que era lo contratado, tomando en cuenta que se trata de una carretera interurbana.
“El Puente sobre el río Maimón no fue construido, ni las 9 variantes para evitar las zonas urbanas, ni la nueva circunvalación de Miches que debió tener una longitud de 16 km, tampoco fue construida la Terminal Portuaria para Ferris en Sabana de la Mar”, explican los investigadores.
Recuerdan que en fecha tres (03) de septiembre del año 2013, el Poder Ejecutivo emite las Resoluciones 132-13 y la 133-12 aprobando mediante las mismas los contratos de ejecución para la culminación de obras inconclusas.
Detallan que mediante la resolución No. 132-13 se aprobó el Contrato de Ejecución de Obra para la terminación de las Obras Inconclusas del Boulevard Turístico del Este (Tramo Cap Cana-Aeropuerto de Punta Cana Km.30), suscrito en fecha 30 de abril del 2012, entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y el Consorcio Odebrecht-Rizek por un monto de Noventa millones Novecientos Diecisiete mil Seiscientos Setenta y Ocho dólares con 91/100 ( US$ 90,917,678.91.)
Carretera La Romana San Pedro de Macorís
Otra resolución que citan es la No. 133-12 que aprueba el Contrato de Ejecución de Obra para la Terminación de las Obras Inconclusas Relativas a la Ampliación de la Carretera San Pedro de Macorís-La Romana, suscrito en fecha 26 de noviembre de 2012, entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y el Consorcio Odebrecht-JM por un monto de Ochenta y dos millones ciento noventa mil setecientos ochenta y cinco dólares con 61/00 centavos (US$ 82,190,785.61).
“Mediante el oficio identificado con el número P.E. No. 67-13 el entonces Presidente de la República Danilo Medina “ RATIFICA” con efecto retroactivo la firma puesta a nombre y en representación del Estado Dominicano en el contrato 116-2012 del 26 de noviembre del 2012, firmado por el Lic. Gonzalo Castillo como Ministro de Obras Públicas y Telecomunicaciones (MOPC) con la Sociedad Comercial Consorcio Odebrecht- Rizek, S.A.”, agregan.
El anexo 1 de dicho contrato se prevé el alcance de las obras, estableciendo sus características geométricas, movimiento de tierra, pavimentación, drenajes intersecciones y paso a desnivel, señalización horizontal y vertical, veredas, contenes e isleta central.
El monto ejecutado pagado por dichas infraestructuras se elevó hasta los cien millones trescientos cuarenta mil novecientos trece dólares con once centavos, superando el monto contractual en aproximadamente cincuenta y dos millones de dólares (US$ 52,000,000.00) equivalentes a la suma de Tres mil millones cien mil pesos, (RD$ 3,100,000,000.00) con la particularidad de que lo ejecutado fue menor a lo contratado.
Los investigadores ponen como ilustración que la características geométricas contratadas debían iniciar en el KM0-Rotonda Aeropuerto de Punta Cana hasta el Km 30- Frente al Hotel Roco, abarcando una longitud de 30 kms de la referida vía, con 4 carriles de 3.65 metros de ancho y una paseo de 2.50 m de amplitud diseñados para un tránsito de 100 km/hora.
El concepto de ingeniería del valor
En lugar de las precisiones precedentes y bajo el uso errático del concepto de Ingeniería de Valor las características geométricas de este tramo fueron las siguientes: Construcción de dos (02) carriles del Km 23+250 al Km 30+000 para una longitud de 6.75 km no de 30 km como había sido contratado y autorizado, no fue construido el paso inferior tipo cajón de vía agregados en el KM6 + 800 no el paso a desnivel tipo trinchera en la intersección COCOLOCO, la iluminación central no fue suministrada ni instalada así como la cuneta central no fue realizada con el revestimiento acordado.
“Todas estas deficiencias, lejos de cumplir con lo contratado por el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones, bajo la gestión directa del Sr. Gonzalo Castillo Terrero disminuyeron en calidad, cantidad y seguridad del tránsito ciudadano, las exigencias pautadas, lo que extrañamente incrementó el monto ejecutado sobre el monto pautado para la misma”, indican, con anexos que corroboran las explicaciones técnicas.
Resaltan que deficiencias pueden ser constatadas al comparar los contratos de ejecución de obras y el presupuesto de lo ejecutado de conformidad a las cubicaciones que se le anexan, aspecto que debe ser investigado y comprobado, mediante una minuciosa y exhaustiva investigación de la gestión de Gonzalo Castillo ante el Ministerio de Obras Públicas y Telecomunicaciones.
La Fundación Alianza Ciudadana para la Defensa de los Derechos Fundamentales sostiene que por disposición de la Constitución de la República, en su artículo 146, toda forma de corrupción administrativa es condenable.
Concluye en que lo establecido en la Carta Magna abarca a “toda persona que sustraiga fondos públicos o que prevaliéndose de sus posiciones dentro de los órganos y organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas, obtenga para sí o para terceros provecho económico”, así como toda aquella que proporcione ventaja a sus asociados, familiares, allegados, amigos y relacionados.
