MI SENTIR
Por Balbueno Medina
La proclama que ha hecho el presidente Luis Abinader, de no tolerar los actos de corrupción que se cometan desde el gobierno, debe servir de advertencia a todos los funcionarios de la presente administración del Estado para no incurrir en excesos del pasado.
Por años, la impunidad ha sido la peor aliada de la sociedad dominicana en la lucha contra la corrupción, porque desde las esferas gubernamentales el castigo de ese flagelo ha sido dirigido a los más débiles, no así contra los actores intelectuales y fundamentales de los hechos que se han producido en el país.
Las garantías que ha dado el presidente de la República de que en la presente gestión gubernamental no se tolerarán los actos de corrupción que se produzcan en el Estado, sin importar caiga quien caiga, es un indicativo de que por primera vez se persigue acabar con la impunidad que tanto daño nos ha hecho a todos desde el ejercicio del poder.
Con medidas como esas, siempre y cuando se cumplan desde el ejercicio gubernamental, también nos encaminaremos a poner fin al abuso que cometen funcionarios, que al ser designados en las dependencias estatales se creen amos y señores de los puestos que les son asignados por los jefes de gobiernos, debido a que sus acciones frecuentemente van orientadas a favorecer a amigos y relacionados, sin tomar en cuenta las necesidades de la sociedad dominicana.
Refuerzan la confianza que la sociedad ha conferido a la lucha contra la corrupción que ha mantenido el gobierno, las acciones que llevan a cabo la Comisión de Ética e Integridad Gubernamental que dirige la doctora Milagros Ortiz Bosch y la Procuraduría General de la República que encabeza la doctora Miriam Germán Brito, por las medidas que han emprendido contra los depredadores de la administración pública, mediante la instrumentación de expedientes bien sustentados contra los casos que han sido presentados a la justicia dominicana.
Conseguir que nuestros tribunales condenen ejemplarmente a quienes se comprueben hayan defraudadoel erario público y se les obligue a devolver lo sustraído, debe ser una de las principales aspiraciones de las agencias gubernamentales que luchan contra la corrupción que se comete en el Estado dominicano, porque de nada valdría la pena que simplemente se señalen a los que cometen esos actos y todo siga igual.
La denuncia que ha hecho la Magistrada Germán Brito, en el sentido de que en la actualidad la Procuraduría General de la República investiga 500 expedientes de corrupción, de los cuales 100, corresponden a la presente administración gubernamental, resulta algo preocupante porque eso marca una señal negativa, debido a que al parecer hay funcionarios del gobierno que han querido seguir los pasos de incumbentes de gestiones anteriores.
Por esa razón es que tanto el presidente Abinader como las doctoras German Brito y Ortiz Bosch, en este momento deben contar con el mayor apoyo de la sociedad dominicana en la lucha que han emprendido de erradicación de la corrupción administrativa gubernamental, debido a que la misma marcará un antes y un después en el desempeño de nuestros funcionarios ante la cosa pública.
Porque la corrupción nos afecta a todos y mucho más a los sectores más vulnerables de la sociedad, que los cohíbe de acceder a mejores programas sociales y oportunidades de progreso, pedimos que la lucha en su contra sea constante y decidida ya que de esa manera su eliminación será efectiva y provechosa para el país.
Confiemos en que esta vez no habrá marcha atrás en el combate a la corrupción y que la impunidad no se impondrá ante la voluntad de quienes han decidido llevar continuar la batalla contra los que han castrado el futuro de la nación.
