REFLEXIONES EN EL CAMBIO #68
Por: José Francisco Peña Guaba
Sé que muchos expresarán: ¿por qué Peña Guaba realiza reflexiones sobre temas conflictivos?, que por demás puede dar la sensación que tiene el ánimo de criticar a las actuales autoridades de el Gobierno del Cambio y nada más erróneo que esa fútil apreciación, muy por el contrario nos crea aflicción cuando en reprobación una gran parte de la población y de los anónimos ciudadanos digitales desean insistir en dejar en el imaginario popular, la opinión de que “los Perredeístas (perremeístas) no saben gobernar”.
No niego que armé la alianza senatorial y municipal del PRM con la Fuerza del Pueblo y otros 8 partidos más, pero no es esa la razón que me compromete a defender la actual gestión gubernamental, más bien sería la necesidad de expresarle mi opinión a los cientos de peñagomistas que ocupan una posición oficial en el tren estatal. Convencido estoy que la mayoría de los discípulos de mi padre no deben fallarle bajo ninguna razón a la población, pero para eso lo primero que deben, es aprender a escuchar las sugerencias de buena fe y poner el oído y el corazón junto a las mayorías populares del pueblo dominicano.
Al Presidente Abinader hasta el más insensato debe reconocerle su esfuerzo y buenas intenciones, al igual que su marcado interés en sacarnos de la triple crisis que gestiona producto de la pandemia del Covid-19: sanitaria, social y económica, tarea ingente que les toca administrar al Gobierno del perredeísmo de nuevas siglas, el PRM.
El Gobierno del Cambio camina velozmente a cumplir su primer año y necesita operativizar la gestión pública para lo cual precisa saber que su “aprendizaje intensivo terminó” y es hora ya de tomar acciones, para con claridad tomar decisiones que en un tiempo prudente se conviertan en realizaciones, reconozco que muy bien lo está haciendo el Presidente Abinader y muchos de sus funcionarios que nunca habían ocupado cargos oficiales de relevancia alguna, porque no lo duden “gobernar se aprende gobernando” ya que es casi imposible aprender desde afuera de la administración pública; me han expresado varios ciudadanos, entre los cuales hay: empresarios, profesionales, dirigentes políticos y hasta inversionistas extranjeros su marcada preocupación por la abulia existente en el funcionarato público para darle salida a las cosas a la cual están legalmente obligados, para cumplir con el compromiso de dar continuidad de Estado a los múltiples asuntos pendientes en las instituciones del Gobierno, por ello hago mías el pedido exasperante de muchos de estos ciudadanos para que se les ordene a los responsables de dichas instituciones dar respuesta y salida al cúmulo de expedientes y solicitudes actualmente paralizados.
En este “decálogo a la buena gestión pública” espero que se entiendan que ¡es hora ya! de dar respuestas y dejar de pensar que todo lo realizado por las gestiones gubernamentales anteriores es producto de la corrupción, veamos:
El temor a caer en un gancho, a que se le procese o se le desprestigie tiene a la amplia mayoría de los funcionarios inmóviles, aterrorizados por la presión permanente a la que están sometidos por funcionarios de su propio Gobierno, que han creado el criterio de que en todo lo realizado en el pasado habita el fantasma de la corruptela y eso es casi totalmente incierto, es por ello que no se resuelve casi nada ni siquiera las cosas básicas y simples que son funciones inherentes de las instituciones que no se están llevando a cabo.
La continuidad del Estado que es un precepto constitucional, que obliga al funcionario público a tramitar los asuntos pendientes de todo tipo, que claro está no sean aquellos onerosos al Estado, si éste a su vez ha cumplido su parte, porque los proyectos que realiza el Presidente Abinader y los funcionarios del Gobierno del Cambio hoy, tendrían en un hipotético futuro Gobierno diferente, que exigir se procesen los mismos como fue con los anteriores, para evitar con esto que se forme un círculo vicioso del incumplimiento constitucional.
Los funcionarios deben saber que los derechos de los ciudadanos están constitucionalizados, sobre todo a partir de la reforma integral constitucional del 2010, y no se les puede conculcar los mismos a los ciudadanos, lo correcto es que todo lo que esté bien sea tramitado y despachado en los tiempos legales reglamentarios, porque amontonar miles y miles de solicitudes y expedientes, terminarán por sobrepasar la capacidad de respuesta de las instituciones, y ahí se pueden presentar todo tipo de problemas que terminarán en acciones legales en contra, que el Gobierno debe evitar.
Se debe humanizar la gestión pública, si bien es cierto que les toca a los perremeístas la administración de la cosa pública, se le debe pagar aunque sea a plazos sus derechos laborales a los empleados desvinculados de las instituciones, ya que estamos en medio de una pandemia y el que trabajó necesita también comer y pagar sus necesidades básicas, en lo que busca otro empleo u oficio a realizar.
La operatividad diaria del Gobierno tiene que ser basada en principios de ética, como así lo ha expresado el Presidente Abinader, pero también del “pragmatismo de la eficiencia” para que se sientan las acciones gubernamentales de manera inmediata y se comprendan que este equipo de hombres y mujeres que han llegado al Gobierno están en una línea de darle solución a los problemas de la ciudadanía.
El Covid-19 no puede ser una excusa para instaurar la abulia o la apatía en las instituciones públicas, para con ello evitar dar respuestas a los problemas de la gente, dichos organismos oficiales deben utilizar todos los mecanismos tecnológicos existentes que se tengan a mano’ para garantizar un servicio rápido y eficaz a la población.
“El fantasma de creer que en todo hay corrupción” puede acarrearle graves problemas a los funcionarios que se niegan a darle continuidad a los contratos legales que han cumplido con todo sus procedimientos, cuya falta de interés en ejecutar los mismos, auspiciarían reclamos ante la justicia, que bien podría poner en aprietos a los incumbentes ante decisiones judiciales que obligarían a su ejecución por parte de dichas instituciones.
Lo paradójico, es que la parálisis del aparato burocrático gubernamental, sin querer, está beneficiando a los mismos de siempre, y le niegan el derecho a participar a los que ganaron las elecciones, conozco funcionarios que prefieren bajo el argumento de no querer ruido mediático y por temor a las críticas malsanas de las redes sociales, permanecer siendo abastecidos por los mismos suplidores de siempre, negándose a darles participación a pequeños y medianos empresarios y comerciantes perremeístas, y que al parecer en su propio Gobierno llevan todas las de perder.
Muchos de los funcionarios se niegan a darle la cara a los que los llevaron ahí, creando un gran desconcierto que abate a su propia militancia, cuyos integrantes pese a que hace casi un año llegaron al Gobierno “todavía no han visto a linda”, la discrecionalidad en la selección del personal por parte de los funcionarios han permitido dejar afuera del tren gubernamental a la mayoría de la dirigencia perremeístas y de sus aliados, que les ayudaron a ganar en todos los niveles las elecciones del año 2020.
Es un grave error insistir en abandonar proyectos de gran impacto social por el solo hecho de que lo inició otra gestión, lo correcto y necesario es que se le dé apoyo económico y continuidad a los mismos y que el nuevo Gobierno pueda iniciar en adicción otros proyectos o programas que le ponga su sello o tinte particular, pero no sobre la base de descuidar lo ya logrado, como en el caso del 9.1.1., la tanda extendida cuando se vuelva a las clases de manera presencial, el seguimiento a proyectos agrícolas beneficiados en las visitas sorpresa, o el caso de la asistencia vial del Ministerio de Obras Públicas, entre muchos otros que son conquistas a favor del pueblo que no se deben desatender.
No menos importantes es que el Gobierno del Cambio a través del Ministerio de Administración Pública, realice un inventario entre la totalidad de todos los servidores públicos sean estos civiles o militares, para identificar dónde el Estado ha invertido cuantiosos recursos económicos en su capacitación o formación profesional, inclusive muchos de ellos enviados al exterior para tales fines, que no existe razón alguna para que éstos sean desvinculados bajo la premisa de qué hay que aprovechar la capacidad y la experiencia de los mismos, éstos son la verdadera tecnocracia estatal y perderlos en el Gobierno, lo único que logrará es desperdiciar los importantes recursos que se invirtieron en su formación y que éstos ya cancelados se vean obligados a poner los conocimientos adquiridos al servicio del sector empresarial privado o auspiciar una fuga de cerebros porque muchos a no ser asimilados por el mercado laboral nacional pasarían a ser parte de nuestra diáspora en el extranjero.
Le solicitó como ciudadano preocupado ante estos hechos al Presidente Luís Abinader, que valore estás opiniones recogidas por quién esto escribe, de ciudadanos de todos los litorales políticos, e imparta las instrucciones condignas para que reinicie prontamente la operatividad oficial poniendo en marcha a toda capacidad el mismo en función del cumplimiento al precepto constitucional de la continuidad del Estado, evitando así que colapse las instituciones públicas ante los pedimentos y quejas no atendidos que producirán, no lo duden, acciones legales en contra del Gobierno y de los propios funcionarios, que si no lo entienden abarrotarán con litigios los tribunales de la República, ¡es hora de actuar con sentido de sensatez! porque las instituciones públicas estarán ahí, y solo cambiarán quiénes la dirigen, porque esto al final es más de lo mismo producto de las elecciones “un ratico arriba y un ratico abajo no más”.
