MI SENTIR
Por Balbueno Medina
En vista de que la sociedad dominicana y el gobierno se encuentran ante el dilema de hacer o no, una Reforma Fiscal, en las actuales circunstancias en que vive el país, y considerando que existen fuentes importantes de generación de recursos que podrían permitir al Estado la posposición de la misma hasta que culmine la pandemia, es razonable ofrecer la alternativa de cobrar cientos de proyectos habitacionales que se encuentran en manos de particulares.
Entre los años 2002 y 2004, las Direcciones de Bienes Nacionales y el Instituto Nacional de la Vivienda, se enfrascaron en un proyecto de gestionar el pago de cientos de viviendas que el Estado dominicano había otorgado entre 1987 y 1993, a particulares mediante contratos de ventas condicionales que establecían el pago de esos inmuebles a 20 y 25 años para ser saldados por los adquirientes de las mismas.
Todos esos contratos, de acuerdo a lo que estipulaban, deberían ser enviados al Congreso Nacional para ser ratificados por los legisladores y luego que fueran saldados por sus adquirientes, las Direcciones de Bienes Nacionales y el INVI, deberían de entregarles a cada uno el Titulo definitivo de propiedad para desvincular ese bien del Estado y que los beneficiarios fueran objeto de crédito por el cumplimiento del pago acordado.
Luego de los casi 15 años transcurridos, los Directores de Bienes Nacionales, Bienvenido Brito y del Instituto Nacional de la Vivienda, Juan Vargas Mención, iniciaron exitosamente la gestión de cobros de esos inmuebles, y una gran cantidad de los beneficiarios lograron ponerse al día en el pago de las cuotas asignadas por el Estado para la adquisición de sus viviendas, pero después dejaron de pagar porque los incúmbentes de esas instituciones no dieron seguimiento a las políticas de cobro que se implementaron para recuperar los recursos invertidos por el gobierno en esos proyectos.
Desde entonces han transcurrido más de 16 años y los adquirientes de los inmuebles del Estado no han venido pagando con regularidad las cuotas de sus viviendas, por lo que conjuntamente con el capital atrasado han venido acumulando una prolongada mora que si pusiéramos calcular podría superar el monto de éste en varios miles de millones de pesos.
Recordamos muy bien que para llevar a cabo la ardua y titánica tarea de cobrar a los beneficiarios de los proyectos habitaciones del Estado, los señores Brito y Vargas Mención, tuvieron que enfrentar a una gran batería de influyentes periodistas que, habiendo sido favorecidos con la entrega de apartamentos, trataron de revertir las políticas de cobro que diseñaron para devolver al gobierno los recursos destinados a los mismos.
Esas políticas de cobro, que contaron con el apoyo del Poder Ejecutivo, tenían como propósito recaudar los recursos del Estado invertidos en esos proyectos para crear un fondo de reinversión en la construcción de viviendas de clase media y seguir fomentando el levantamiento de unidades sostenibles y de calidad como las que se otorgaron en esos años del 1997 al 1993, que todavía se encuentran en muy buen estado de estructuración.
Para quienes tienen la oportunidad de leer este artículo, simple y llanamente quiero recordarles que entre los proyectos a que hago referencia se encuentran: los Habitacionales de las Lauras, ubicado en la Avenida Núñez de Cáceres, José Contreras y Pedro Livio Cedeño, ubicados en las Avenidas de esos mismos nombres, cuyas edificaciones son y han sido emblemáticas en la ciudad de Santo Domingo y para la época constituyeron un referente moderno de arquitectura para el país.
Los apartamentos de esos proyectos, que fueron repartidos entre figuras de clase media, por las gestiones de Rodolfo Rincón Martínez y Camilo Antonio Nazir Tejada, oscilaban entre 4 y 6 millones de pesos y si su costo se actualizara al momento que vivimos hoy, podrían rondar entre 12 y 15 millones de pesos cada uno, lo que significa que en un proceso de reevaluación el Estado dominicano podría conseguir más recursos que los que inicialmente estamos proponiendo en este escrito, que hacemos de la mejor intención para que se pueda agenciar recursos con el objetivo de hacer frente a las necesidades del país.
Al desempolvar estos expedientes, de seguro que las nuevas autoridades de Bienes Nacionales y el Ministerio de Viviendas y Asentamientos Humanos, de reciente creación, se encontrarán con la gran sorpresa de que potentadas figuras de los partidos políticos, de los medios de comunicación y de otros estamentos de clase media de nuestro país, fueron beneficiados con la entrega de los apartamentos construidos en esos proyectos, que ya no viven en ellos y que les fueron traspasados a otras personas que aunque le compraron a los adquirientes originales, carecen de la propiedad de los mismos porque todavía permanecen a nombre del Estado dominicano, dado que los mismos no han sido liquidados como establecen los contratos que les fueron entregados por las instituciones correspondientes.
Con la disposición de cobrar los recursos dejados de percibir por el Estado dominicano a través de la construcción de los Proyectos Habitacionales, que hemos hecho referencia, el gobierno dominicano, no solamente recaudará más de 20 mil millones de pesos para inyectárselos a la economía nacional y generar nuevas fuentes de empleo y recuperar el país, sino que facilitará a los que actualmente usufructúan esos inmuebles el privilegio de poseerlos de manera definitiva y por medio de sus Títulos de propiedad servir a la sociedad como sujetos de crédito para beneficio propio.
