Por Cándido Mercedes
“La verdad resplandece aun en el fondo de una caverna y puede ser ignorada hoy y mañana sin que su naturaleza se transforme. Lo único que requiere la verdad para imponerse es ojos que la vean u oídos que la oigan”. (Juan Bosch).
Preámbulo:
La sociedad dominicana parecería que estaba entrampada en la corrupción y la impunidad. Un cuerpo social profundamente transido en los últimos 16 años, que marcha hacia una transición. En esa sociedad transida, la corrupción era el estamento más estropicio de la dominación y hegemonía en el interregno del 2004-2020. Esa descomposición afectó atrozmente la calidad de la democracia y con ello, las instituciones, empero, mayormente, del 2012 al 2020.
La corruptela con su soporte, la impunidad, se manifestaría en toda su variedad, manifestaciones y dimensiones: cohecho, soborno, concusión, prevaricación, tráfico de influencia, abuso de poder, nepotismo. La degradación, degeneración llegó cuasi hasta el paroxismo. ¡Una locura sin límites de degeneración, de podredumbre!
Prolegómeno:
Todos los organismos internacionales nos situaban en una situación penosa con respecto a la corrupción y la impunidad. Fórum Económico Global nos ubicaba en el 8vo país en el mundo y 5to en toda la región, de 142 países evaluados. Barómetro de Las Américas nos llevó a colocarnos en el segundo país, con la tasa de soborno más alta, entre 18 países. México obtuvo 56 para el primer lugar y República Dominicana con 46, para un segundo lugar negativo.
Llorente y Cuencas, una firma española, nos llegó a titular: República Dominicana, un país caracterizado por la corrupción y el narcotráfico. Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para 2018 señaló que en nuestro país se perdían alrededor de RD$168,000 mil millones de pesos en materia de corrupción y dispendio, equivalente al 3.8% del PIB de ese momento. La ONG internacional OXFAM en una importante investigación que llevó a cabo a partir del presupuesto ejecutado del 2019, terminaron por esbozar que en República Dominicana iban a la cuneta del lodazal RD$141,000 mil millones de pesos por corrupción, dispendio e incoherencia y falta de gerencia efectiva.
Transparencia Internacional, que nos viene midiendo en la percepción de la corrupción desde 2001, para el 2019 nos dio una nota de 28/100, situándonos en el ranking 121. Para el 2020 obtuvimos la misma puntuación (28/100), solo que esta vez caímos en el ranking 136/182, la peor valoración a lo largo de casi 20 años. Al final del año 2020 el Departamento de Estado de los Estados Unidos calificó a nuestro país con alta tasa de soborno, que había mucha corrupción y que las transacciones eran fruto y expresión de sobornos. Sin embargo, señalarían que se notaban luces hacia la transparencia del nuevo gobierno.
CCC (Capacidad de Combate a la Corrupción), una organización de la sociedad civil internacional, evaluó 18 países. Nueve países de la región involucionaron en materia de corrupción, institucionalidad y sociedad civil. Nosotros mejoramos 3 puntos, dado que estábamos en el lugar 13 y subimos al peldaño 10, mejorando 3 escalones. Todo ello, ponderan ellos, por el papel jugado por el Ministerio Público a través de la Procuraduría General de la República, a la cabeza de doña Miriam Germán Brito.
Sabíamos de la rampante corrupción, del latrocinio desde la más alta instancia del poder, empero, nuestra imaginación no podía auscultar y desvelar lo que realmente acontecía. La realidad, a partir de varios casos conocidos que solo son muestras: Anti pulpo, Medusa, Coral, Coral 5- G, Caracol, nos dicen con estupor, el grado atroz y espeluznante de la ambición, de la codicia, de la avaricia, de la delincuencia política y de la delincuencia de cuello blanco. ¡Macondo se perdería en el trafago de la corrupción sin penitencia!
El narcotráfico, el narcolavado, el narco dinero y la narcopolítica han quedado visibilizados de una manera palmaria con varios casos, como FALCONDO y la operación LARVA. Demostrándose como la política y los partidos políticos han estado involucrados con ese crimen de lesa humanidad. Al tiempo que determinados congresistas están siendo juzgados y mencionados en la narcopolítica. El costo de la política ha derivado en la descomposición de los partidos y de su profunda atomización. Ya los partidos no son puentes entre la ciudadanía y el Estado, sino eslabones del dinero para su clientelismo y su ascenso al poder.
Contexto actual:
La sociedad dominicana se encuentra en un camino de verdadera transición. Ojalá sean unos pasos irreversibles, sin retorno. El gobierno ha tenido los desafíos de la pandemia, de la recuperación económica, con ello, la recuperación del empleo, de toda la problemática de la inflación, mayormente importada, más la crisis de los combustibles, de los commodities, y la crisis de la cadena de distribución global y de los contenedores. Una tormenta perfecta generada por todas estas crisis cuyo epicentro fundamental, la génesis central es el Covid-
19. El más grande reto, sin embargo, es como hacerle frente a la corrupción y a la impunidad.
En medio de una época de cambio y un cambio epocal y de que cada presidente encuentra un conjunto de desafíos, lo pertinente es descubrir cuál o cuáles de ellos entran en conexión, en sintonía con las necesidades de su pueblo que desea representar legítimamente. El asumir de manera frontal toda la dimensión de la corrupción y la impunidad constituye el logro de mayor alcance de legitimidad para el actual gobierno. La marca distintiva, de diferenciación radica ahí.
Sabemos que la corrupción es ineluctable en cualquier sociedad, no importa su grado de organización social y su peso en la mirada normativa e institucional, lo que no es admitido es la falta de consecuencias, de sanciones, al comportamiento desviado y al delito penal, como expresión vívida de la impunidad. La impunidad es el reflejo de la prepotencia, de la arrogancia, del desconocimiento de las leyes, del abuso de poder. Intrínsecamente es un fenómeno desgarrador que genera una entropía, una disrupción acumulada en contra de la calidad de la democracia.
La corrupción, en sí misma, puede ser de origen biológica, psicológica y sociológica. La impunidad es del orden de la construcción social, de la carga valórica de una sociedad y la calidad de las elites (política, económica, religiosa, etc.). ¡Somos una sociedad muy tolerante frente al fraude social en todas sus vertientes!
Vemos desde el Poder Ejecutivo una voluntad política en contra de la corrupción y más aún, de la impunidad. Contra la corrupción del pasado y del presente. El Ministerio Público tiene una tarea titánica, ciclópea, en torno a las investigaciones sobre corrupción. Más de 500 casos expresó doña Miriam Germán en un programa de televisión.
Es por ello que más allá de las diferentes crisis señaladas se advierte un clima de más confianza. Latinobarómetro en su más reciente informe del 2021 lo rubrica tanto en lo que concierne a la confianza como con respecto a la corrupción y la percepción de la democracia. La percepción de la corrupción bajó de 83 a 54 y en un año la democracia, subió 6 puntos al llegar de 44 a 50.
Lo que anima socialmente no es solo menos casos de corrupción sino la manera como están siendo abordados los casos de corrupción y las denuncias, al tiempo de ver como son separados de la Administración Pública aquellos funcionarios. La voluntad del Ejecutivo, los órganos de control: Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, Compra y Contrataciones Públicas, Contraloría y PEPCA, no cabe duda, están actualmente desplegando los roles normativos estipulados en las leyes. El imperio de la ley se abre camino y con ello, el golpe demoledor a la impunidad como mecanismo para disuadir la corrupción
En este año 2021 que casi se opaca y se despide, hemos visto casos de corrupción y denuncias como tales:
1. INABIE, Instituto de Bienestar Estudiantil. Separaron a Cecilio Rodríguez, mediante Decreto. Se otorgaron cerca de 11,000 mil millones de pesos a 1,260 empresas sin licitación, sin estatus jurídico, sin cocina, sin ser proveedores del Estado. Le llaman Operación cocina caliente.
2. INPOSDOM: Instituto Postal Dominicano. El Director, Adam Peguero, fue desvinculado del puesto después de que Compras y Contrataciones Públicas, Dirección de Ética e Integridad Gubernamental y Contraloría, remitieran al Presidente el expediente acerca de la adjudicación, sin concurso, que hiciera esa Dirección a la empresa M Cargo.
3. Ministerio de Interior y Policía: Víctor Miguel Polanco Severino, Viceministro de Control y Regulación de Arma y Municiones. Se acusó de venta ilegal de arma. Noviembre de 2020.
4. Negocio con puestos de Salud Pública. El Director de Recursos Humanos, por ventas de nombramientos, una práctica que tenía decenas de años.
5. Kimberly Taveras, Ministra de la Juventud. No pudo demostrar su patrimonio por RD$106 millones de pesos. Diciembre de 2020.
6. Los 100 millones a artistas en diciembre, entregados a 67 músicos y cantantes, primordialmente directores de orquestas.
7. El logo Marca país, por RD$32.9 millones de pesos. Fue un plagio del logotipo creado por el ruso Iván Bobrov.
8. Operación 13 en mayo de 2021. Conllevó la destitución del Director de la Lotería, Luis Maisichell Dicent, por un monto de RD$500 millones de pesos.
9. El caso de las jeringuillas en Salud Pública con una sobrevaloración de 400%. El Estado las iba a comprar a RD$25.00 cuando en el mercado estaban a RD$4.70. El 26 de febrero, el Presidente desvinculó al Ministro de Salud, Plutarco Arias.
10. En el Consejo Presidencial de Desarrollo Provincial, un aumento desproporcionado en la nómina, de 2.2 millones y 63 empleados pasó a 28 millones y tener 647 empleados.
11. Dirección General de Embellecimiento de Carreteras. El Director fue sustituido por nepotismo y otras indelicadezas.
12. Corrupción en muelle de Puerto Plata. Feyla Rodríguez Pavón, la gerente más cinco empleados, están bajo investigación por fraude en transacciones en la institución.
13. Antonio Gómez Díaz, Director de Aduanas en Santiago, quien fue destituido por violencia de género y acoso sexual. Esto fue en enero 21 del 2021.
14. Caracol. Practicada a la Cámara de Cuentas acerca del maquillaje a las auditorías y otras indelicadezas.
15. Cancelación de Luz del Alba Jiménez, Ministra de la Juventud, quien fue denunciada por el Consultor Jurídico de ese Ministerio por alegada licitación de compras por un monto de RD$3 millones, que no se llevaron a cabo de acuerdo a las normas establecidas.
16. Cancelación del Cónsul de Juana Méndez, José Valenzuela Arias, tras ser acusado de ventas de visas. A partir de que atraparon a un ciudadano haitiano con 92 pasaportes y 11,000 dólares.
En cada uno de los casos que se han investigado, el Poder Ejecutivo ha desvinculado a los funcionarios involucrados mediante decretos y otros sometidos a la justicia y guardan prisión. Esto marca la diferencia, en un antes y un después, hasta ahora. La ausencia de consecuencias, la perplejidad de la impunidad, la falta de castigo, la sanción punitiva, constituye el germen del aumento de la corrupción. Lo contrario, el castigo, sirve de elemento disuasivo como mecanismo de control.
El control y castigo ha de ser proporcional al delito cometido. La corrupción aumenta en países con debilidades institucionales y donde en los últimos 16 años no se sufrió el más mínimo asomo de condena, de escarmiento. La corrupción del 2004 al 2020 se paseaba como la verdolaga en el campo.
Hay, si se quiere, una nueva esperanza institucional, una mirada en la comprensión de la decencia. No vemos puntos de frustración en materia de corrupción; al contrario, mientras la corrupción se permeaba, se incrustaba desde lo individual, atravesando lo institucional, lo estructural y sistémico; pues parte de los mecanismos de dominación y hegemonía era conformada por ella y configurada (la corrupción). Se desató una especie de querernos igualarnos a todos y todas en el fango de la ignominia y de la perversidad acumulada.
La lucha contra la corrupción, contra la opacidad, en favor de la transparencia, de la rendición de cuentas, de la necesidad de un gobierno abierto, constituye el verdadero tránsito de una sociedad que se encontraba transida. Es la búsqueda de una sociedad que desde el poder debe luchar porque el cuerpo social cobre cada día más legitimidad desde el Estado.
