El candidato presidencial del PLD expuso sus valoraciones a través de la red social Twitter, en donde cuestiona algunos aspectos sobre el referido proyecto de ley y al mismo tiempo hace propuestas para no lacerar la transparencia en el manejo de los recursos del Estado.
Santo Domingo.- El candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Abel Martínez, dio una voz de alerta de lo que, a su juicio, es un paso al retroceso institucional, en materia de transparencia en el manejo de los fondos del Estado.
El expresidente de la Cámara de Diputados hizo referencia al proyecto de ley sobre fideicomisos que ese órgano legislativo conoce en la actualidad, destacando que “son muchas las ventajas de la figura del fideicomiso para promover el desarrollo, pero eximir los mismos del cumplimiento de la legislación sobre uso de fondos del Estado es un retroceso para la institucionalidad”.
Martínez consideró incorrecta la propuesta legislativa en la cual “se establece que las compras de los fideicomisos públicos no cumplirían con la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones, y que la contratación de personal se haga al margen de la Ley 41-08 de Función Pública. ¡Inaceptable!”.
“Entendemos que la Superintendencia de Bancos no debe ser el regulador, porque los fideicomisos públicos no son entidades de intermediación financiera. La fiduciaria debería licitarse, algo que no está contemplado en la ley”, expuso Martínez.
El alto dirigente político en su trino, propone una “revisión integral de la Ley 189-11 para contemplar figuras como fideicomiso público y de alianzas público privadas. Además, necesitamos una ley de empresas públicas para regular las inversiones del Estado en empresas con capital accionario público que participan en el mercado”, asegurando que los errores que contiene el referido proyecto de ley, “solo resultará en un parche legislativo en detrimento de la transparencia y lo que debe ser el buen uso de los fondos del Estado”.
Otro elemento que llamó la atención es que los empleados de los fideicomisos públicos se rijan por el Código de Trabajo, algo propio de empresas privadas, y no por la Ley 41-08 que es la que aplica a empleados públicos.
La Ley de Función Pública establece requisitos de idoneidad, limitaciones al trabajo en otras entidades para evitar conflictos de intereses, derechos y deberes propios de los servidores públicos, todo lo cual se estaría obviando en el caso de fideicomisos públicos de aprobarse el referido proyecto de ley.
Otro aspecto que debe tomarse en consideración del actual proyecto de ley, es que permiten el endeudamiento extra presupuestario que contradice los manuales de estadísticas fiscales y de deudas de organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, entre otros, estableciendo, además, que dicha deuda no debe ser aprobada por el Congreso Nacional lo cual resulta improcedente y debe revisarse.
El pasado año fueron transferidos por el actual Gobierno, más de 15 mil millones de pesos de recursos del Estado en fideicomisos, y se ha recurrido a este mecanismo el cual no puede sustituir ni suplantar las estructuras y mucho menos permitirse que sean burlados los controles en el manejo de los recursos estatales.
