“Con los trabajos de desvío del cauce del río Masacre hay una violación al Tratado de Paz y Amistad de 1929”
La vicerrectora de la UASD afirma que a 19 años de la entrada en vigor del Código Procesal Penal no hay oficina que represente a las víctimas
La vicerrectora de Extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), doctora Rosalía Sosa, abogó por la utilización de todas las herramientas nacionales e internacionales para solucionar de manera pacífica el conflicto entre República Dominicana y Haití, por las acciones del vecino país con miras a desviar el cauce del río Masacre.
Entrevistada por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 8:00 a 9:00 de la mañana, por RNN Canal 27, afirmó que la construcción de un canal para desviar las aguas del río Masacre son violatorias del Tratado de Paz y Amistad suscrito por ambos países en 1929.
“Tenemos que buscar la forma de solución en la mesa del diálogo, necesitamos que los dos países se sienten a dialogar, de nuestra parte el presidente lo ha manifestado en varias ocasiones y por eso su presencia en la ONU en estos días”, agregó.
Sin embargo, Sosa plantea que dentro del conflicto se pueden ver avances como la solicitud una solución al problema por parte del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, la reunión sostenida entre el presidente Luis Abinader y el secretario general de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, y la apertura de las relaciones entre Haití y Kenia.
Asimismo, dijo que los avances también se manifiestan con una solicitud de una intervención o colaboración de un grupo militar de Kenia porque la seguridad de Haití se necesita y es un clamor popular.
Considera que una situación negativa para buscar una salida al conflicto es la falta de institucionalidad que hay en Haití, donde el primer ministro Ariel Henry es el presidente interino, que en algún momento tiene una posición y el ministro de asuntos exteriores de ese país, Jean Victor Geneus, tiene otro punto de vista.
La exdirectora ejecutiva de Participación Ciudadana considera que Haití necesita una vocería institucional con firmeza y tolerancia, a los fines de que el conflicto baje de nivel y se pueda buscar una solución.
“Vemos, por otro lado, la posición de los empresarios y hasta de lo que nuestro presidente llama los incontrolables, entonces no tenemos un único interlocutor, pero esperemos que se unifique, que la comunidad internacional apoye nuestras demandas para buscar una salida porque hay que entender que somos una isla compartida con otra república”, argumentó.
La académica manifestó que el conflicto por la canalización del río Dajabón o Masacre es producto de una violación, por parte de los haitianos, del Tratado de Paz y Amistad suscrito en 1929, que prohíbe el tocar el cauce de esa cuenta hidrográfica.
“Pero realmente ha sido tocado, se quiere cambiar el curso del río, el cauce del río Masacre y eso afecta los intereses tanto de la República Dominicana como de la República de Haití”, subrayó.
La jurista sostuvo que en lo que lleva de gestión, el presidente Abinader viene solicitando a la comunidad internacional el apoyo para el vecino país, pero lamentablemente la misma no ha escuchado la voz del mandatario.
“Haití es el país más pobre del mundo, ahí hay problemas de seguridad, de salud, de educación, hay hambre y eso es lo que se ha reclamado”, significó.
A 19 años de la entrada en vigor del Código Procesal Penal no hay una oficina que represente a las víctimas
La jurista y catedrática Rosalía Sosa advirtió que, a 19 años de la entrada en vigor del nuevo Código Procesal Penal, en septiembre del 2004, todavía no hay una Oficina Nacional de Representación Legal de los Derechos de las Víctimas de crímenes y delitos ante los tribunales del país.
“Pero también tenemos que hacer una revisión de lo que nos falta, por ejemplo, no tenemos la Oficina Nacional de Representación Legal de los Derechos de las Víctimas, a 19 años no la tenemos, está incluida en la Constitución del 2010”, precisó.
La vicerrectora de Extensión de la UASD proclamó que la víctima es un sujeto procesal que necesita estar representada en el proceso penal.
“Puede intervenir, como interviene, pero la víctima pobre, aquella que no tiene dinero para pagarle a un abogado está totalmente huérfana”, puntualizó.
Aunque el Ministerio Público esté presente, dijo que el mandato del Código Procesal Penal es que la víctima en el delito pase a ser de un sujeto pasivo a un activo en el proceso en la representación de un interés frente al elemento injusto y necesita que se le haga justicia.
La catedrática entiende que no hay igualdad de armas entre el imputado y la víctima, porque el acusado tiene defensor público, pero la víctima no cuenta con representante legal.
“Otro tema que nosotros tenemos que revisar es el sistema de notificaciones y citaciones, es un sistema vetusto, estamos ya en la era digital, tenemos que modernizarlo”, enfatizó.
La exdirectora ejecutiva de Participación Ciudadana deplora que todavía se aplace una audiencia por falta de citaciones y notificaciones.
En ese sentido, planteó que otro tema que se debe tener en cuenta es el traslado de los reclusos a los tribunales, donde las audiencias se aplazan por esta causa, lo mismo que por citaciones, así como causas atribuibles a abogados y Ministerio Público, cuando se supone que la promesa del Código Procesal Penal es que esa situación se iba a superar.
“Entones, tenemos que volver a instalar de nuevo las mesas de coordinación interinstitucional, donde los tres sectores o instituciones, es decir, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensa Pública se reunían para identificar el porqué las audiencias no se conocía”, acotó.
Sosa asegura que se debe volver al diálogo con respecto al tema a los fines de que se pueda lograr una justicia pronta, cumplida y en un plazo razonable, como manda el Código Procesal Penal.
Indicó que con el Código se tenía la esperanza de una reducción del número de presos preventivos porque favorece unas determinadas medidas, pero hay otras, como el brazalete electrónico que hay que tener dinero para pagarlo o la imposición de una garantía económica cuyo monto es difícil de pagar.
