El ministro Pável Isa Contreras explica el trabajo del Ministerio de Economía con el resto de instituciones públicas para garantizar que sus programas y proyectos logren resultados socialmente deseables y transformen los indicadores socioeconómicos del país.
Santo Domingo, República Dominicana. (Octubre de 2023). El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo aporta a la erradicación de la corrupción a través de su función rectora del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública y la regulación de las asociaciones sin fines de lucro (ASFL) que reciben fondos estatales, explicó el ministro Pável Isa Contreras.
El economista e investigador detalló que, al ser el órgano rector de la planificación de las políticas públicas, el Ministerio de Economía trabaja con el resto de instituciones públicas para garantizar que sus programas y proyectos logren resultados socialmente deseables y transformen los indicadores socioeconómicos del país.
“Cuando la acción de política pública, ya sea en la forma de programas, proyectos de inversión pública o intervenciones, está planificada, se reduce el espacio para la improvisación, el malgasto y el dispendio de los recursos públicos”, sostuvo Isa Contreras al ser entrevistado por los periodistas Millizen Uribe y Ramón Stalin Montero como parte de la campaña “Dominicana sin Corrupción”, que organiza la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG).
Además, el funcionario indicó que, a través del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), el Ministerio de Economía evalúa todos los proyectos de inversión pública para asegurar que tengan sentido y valga la pena invertir en ellos.
“Tenemos una vigilancia de cuánto se gasta en los proyectos y cómo se van ejecutando y nos aseguramos de que los presupuestos sean razonables”, añadió el ministro.
Respecto a las ASFL, Pável Isa Contreras manifestó que el Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin Fines de Lucro (CASFL), que opera bajo la responsabilidad del Ministerio de Economía, se encarga de garantizar que los fondos estatales otorgados a las organizaciones sin fines de lucro rindan frutos para la sociedad.
