Por Milton Olivo

 

En latín Lex Hortensia de plebiscitis fue promulgada en el año 287 A.C. por el dictador romano Quinto Hortensio, estableciendo que todos los plebiscitos tendrían carácter obligatorio para los romanos sin la necesidad de autorización por parte del senado.

Los plebiscitos, fueron todos aquellos actos jurídicos, que, en su conjunto, la plebe profería durante los comicios o asambleas de la plebe (concilia plebis) para regular su propio derecho, y en principio, solo regían para los plebeyos. De allí su nombre.

La plebe, era la clase social común, del más bajo nivel social, fuera de los nobles, eclesiásticos y militares, que formaban el Senado.

Pero conforme Roma fue expandiéndose territorialmente, y la cantidad de plebeyos aumentó, también lo haría el poder político de la plebe, hasta el punto de que en el año 287 a. C. se emite la lex Hortensia, que concede a los plebiscitos vinculatoriedad jurídica universal (erga omnes).

Por esto, entrado el periodo clásico, la distinción entre plebiscito y ley, sería inexistente, y a ambas fuentes normativas se les llamaría genéricamente leyes.  Porque antes de ahí, los consensos de la plebe tenían que ser aprobado por el senado formado por las clases privilegiadas.

En otras palabras, las plebes eran los pobres, y los patricios, la clase privilegiada, los ricos, o los aristócratas.

En el siglo XXI, en la Republica Dominicana, el gobierno dominicano encabezado por el presidente Luis Abinader impulsa una reforma constitucional, reforma esta, que debemos asumir está saturada de buenas intenciones para el futuro de la Republica.

Pero la realidad que perciben los individuos,  es una impresión subjetiva, que tiene que ver con la posición del observador lo que determinar su cosmovisión, o dicho de otra manera, El término “realidad” viene del latín res, que significa “cosa”, que a su vez viene de realitas, que significa “cualidad relativa a la cosa real”.

Realitas viene de res, que se utiliza para referirse, de manera general, a una cosa u objeto. Por la ambigüedad de lo que designa, la palabra “realidad” admite muchas acepciones.

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Yo como de apellido Olivo, de origen Plebeyo, en el otro extremo de los apellidos Vicini,  Brache, Corripio o Abinader, tenemos otra visión de la realidad, y convencido de la buena Fe de la actual propuesta de reforma constitución, nos sentimos en inclinados a sumar nuestro y elevar nuestra voz, para que sea tomada en cuenta.

Creo, como muchos de mis compatriotas,  que este sistema presidencialista, representativo y de autoridad centralizada, que soportamos desde 1844,  ha fracasado, los niveles de pobreza en nuestra sociedad, y nuestro nivel de subdesarrollo como país, antes las naciones desarrolladas, son pruebas evidentes y palpables. Lo que obliga a la presente iniciativa de  reforma constitucional a establecer una visión alternativa, que nos permita posicionarnos entre las sociedades mas evolucionadas del planeta. Tomando en cuenta las naciones que hace 50 años eran subdesarrolladas y hoy son sociedades ricas, como Singapur, Taiwan, Corea del Sur, Israel, y aprender de su exponecial.

Después de años conversando, anotando, e interpretando los cambios que demanda la plebe, o el pueblo llano, y observando las reformas de los denominados tigueres asiáticos hoy desarrollados, mis anotaciones y conclusiones me sirven de base para las siguientes propuestas;

Que la organización política del Estado dominicano,  debe pasar de un modelo centralizado a un modelo descentralizado. Estableciendo en una nueva reforma constitucional las siguientes reformas, para hacer de nuestro sistema más eficiente e institucionalizado:

Que el Consejo de la Magistratura, que designa las altas cortes, esté formado por los rectores universitarios. Que el titular de la procuraduría general de la República sea designado por una super comisión formada por los decanos de ciencias jurídicas de las universidades establecidas. Y que se establezca el sistema de jurados, quienes serán los que determinarán la inocencia o culpabilidad de los imputados. Y que los jueces serán de por vida, y si comenten falta, serán juzgado y condenados como cualquier otro delincuente.

Y como estamos en el siglo XXI, siglo impulsando por el desarrollo tecnológico, que los Ministerios sean convertidos en Ministerios de innovación y emprendimientos. Y que las provincias elijan democráticamente su gobernador, y que estos contaran con sus presupuestos, dividiendo el 50% del gasto corriente entre las provincias en proporción a sus habitantes, lo que será su presupuesto provincial, y cada gobernador designe su propio gabinete, con los recursos humanos locales, para impulsar su propio plan de desarrollo local y los actuales ministerios, su papel será de asistencia técnica.

La policía nacional, convertirla por mandato constitucional en policías municipales y del distrito nacional, y que cada respectivo consejo de regidores designe su respectivo director. Y que la Dirección Nacional de Inteligencia -DNI- su misión sea supervisar la operatividad de todas las instituciones del Estado, y de someter a la justicia los que violenten la ley o afecten el interés nacional.

Y que en la política macroeconómica, o el presupuesto nacional,  tenga como prioridad, no las megaconstrucciones, sino las obras civiles, sino el apoyo a los emprendedores, impulsar la educación tecnológica, la innovación, el apoyo a las exportaciones y el desarrollo de nuevos sectores productivos.

*El autor es escritor y activista por una Quisqueya potencia.

 

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