Juan Ramón Mejía Betances
No puedo afirmar, ni presentar como hecho, acusaciones específicas de financiamiento narco o corrupto contra personas o partidos sin pruebas judiciales concluyentes. Esta es mi posición y es, además, un principio elemental de responsabilidad pública. Ahora bien, dicho esto, también es cierto que los ciudadanos —y especialmente quienes ejercemos roles políticos— tenemos el deber de interpretar patrones, conectar hechos y advertir cuando el rumbo institucional del país parece comprometido por algo más profundo que simples errores administrativos.
La reciente cronología del caso SeNaSa expone una cadena de irregularidades que, lejos de parecer un evento aislado, revela un deterioro preocupante en la gestión gubernamental. Hablamos de un presunto desfalco multimillonario, suspensión de servicios esenciales, auditorías urgentes, cancelaciones de contratos, investigaciones penales, cambios de funcionarios y, finalmente, arrestos. Todo esto en la institución que administra la salud de millones de dominicanos.
Pero lo verdaderamente alarmante no es solo el caso en sí, sino el contexto en que ocurre.
A este episodio se suman hechos igualmente graves: legisladores del PRM extraditados por narcotráfico; funcionarios vinculados a redes de lavado; y múltiples instituciones públicas colapsadas o envueltas en escándalos: SeNaSa, Inaipi, Edes, Promese, el SNS, Educación, entre otras.
Cuando se observan estos elementos en conjunto, surge una pregunta ineludible y perfectamente legítima dentro del análisis político: ¿estamos ante una serie de incidentes independientes o ante un patrón sistémico que revela cómo se ha financiado y sostenido el proyecto político del PRM?
No se trata de acusar sin pruebas. Se trata de interpretar señales, que en política son tan reveladoras como los fallos judiciales. Se trata de observar que donde hay demasiadas coincidencias, lo más prudente es dejar de llamarlas coincidencias. Sin dudas, los hechos acumulados dibujan una tendencia inquietante: En 2020, el país vio ascender al PRM en medio de alianzas cuestionables; en 2024 presenció su reelección bajo un clima marcado por denuncias crecientes de corrupción administrativa y manejos opacos.
Frente a esta sucesión de escándalos, la dirigencia oficialista intenta ahora condenar con vehemencia a narcotraficantes deportados y a funcionarios implicados en actos de corrupción, como si se tratara de hechos aislados y ajenos al partido. Esa narrativa de deslinde resulta poco creíble cuando quienes hoy simulan indignación formaron parte del mismo entramado político que se benefició del poder, de los recursos y de la impunidad. La sobreactuación moral no sustituye la rendición de cuentas ni borra las responsabilidades políticas derivadas de la permisividad, la omisión o el silencio.
El caso SeNaSa es apenas el síntoma más reciente de un problema más profundo: una cultura institucional debilitada, controles erosionados y un modelo de gestión que parece haber normalizado la opacidad. La pregunta ya no es si hubo errores, sino quiénes se beneficiaron políticamente de ellos y por qué se repiten en tantas áreas del Estado.
La República Dominicana merece claridad, merece respuestas y merece instituciones que funcionen sin estar permanentemente bajo sospecha. No hago acusaciones. Hago una advertencia. Y callar frente a este patrón sería, en sí mismo, una forma de irresponsabilidad política.
