Juan Ramon Mejia Betances
Las recientes declaraciones del ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, durante el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio, ofrecen una señal interesante sobre el momento que atraviesa la administración pública dominicana.
El ministro afirmó que uno de los objetivos centrales de la política económica es mejorar la calidad del gasto público, aumentar la inversión de capital y reducir el peso del gasto corriente.
Ese diagnóstico no es nuevo. Durante años ha sido planteado por economistas, centros de estudio y analistas que han observado con preocupación el deterioro de la calidad del gasto público durante la actual administración.
Durante los últimos años, múltiples analistas han señalado que uno de los grandes pecados de la administración de la cosa pública por el PRM ha sido el deterioro en la calidad del gasto, con un crecimiento sostenido del gasto corriente mientras la inversión pública —la que verdaderamente impulsa el crecimiento— se ha mantenido en niveles insuficientes.
Por eso resulta significativo que el propio ministro haya reconocido que el gasto de capital del país ha sido históricamente bajo y que esta situación puede terminar afectando el crecimiento potencial de la economía dominicana.
En otras palabras, el diagnóstico que hoy se presenta como objetivo de política económica es, en realidad, la admisión de una debilidad acumulada durante los últimos años.
El propio ministro también destacó que en 2025 la economía dominicana creció 2.1 %, una tasa similar al promedio de América Latina. Pero durante décadas la República Dominicana se distinguió precisamente por crecer muy por encima del promedio regional.
Presentar como normal un crecimiento equivalente al de América Latina equivale, en cierto modo, a reconocer que el dinamismo histórico de la economía dominicana se ha debilitado.
Para 2026, el ministro ha señalado como objetivo continuar corrigiendo la composición del gasto público e impulsar una mayor inversión de capital, incluso con la aspiración de acercarse a un aumento equivalente a un punto adicional del PIB.
Si ese objetivo se logra, sería una buena noticia para el país. Pero estas declaraciones también revelan otro aspecto político que no debe pasar desapercibido.
En los últimos meses, el gobierno ha comenzado a incorporar en posiciones clave a figuras con mayor experiencia en la gestión pública. El propio Magín Díaz, quien dirigió la administración tributaria dominicana en gobiernos anteriores, hoy encabeza el Ministerio de Hacienda y Economía.
A esto se suman designaciones como la de Eduardo Estrella al frente del Ministerio de Obras Públicas y la de Víctor —Ito— Bisonó en el Ministerio de Vivienda y Edificaciones, entre otros aliados políticos con trayectoria en la administración del Estado o con una escuela diferente a la del PRM.
Este proceso parece reflejar un reconocimiento implícito de algo que con el paso de los años se ha hecho evidente: gobernar es mucho más complejo que ganar elecciones. Administrar el Estado exige conocimiento institucional, experiencia en la gestión pública y capacidad para tomar decisiones económicas complejas. Cuando estas capacidades no están presentes, los resultados inevitablemente se resienten.
En ese sentido, la reciente recomposición del equipo de gobierno puede interpretarse como un reconocimiento implícito de que la gestión del Estado requiere capacidades que no siempre estuvieron presentes durante los primeros años de esta administración.
Pero también plantea una pregunta inevitable hacia el futuro.
Si para mejorar la gestión pública ha sido necesario recurrir a técnicos independientes y a dirigentes provenientes de otras fuerzas políticas, ¿qué dice eso sobre la capacidad del partido gobernante para administrar por sí solo la compleja maquinaria del Estado?
La experiencia reciente parece indicar que la calidad de la gestión mejora cuando se incorporan equipos con mayor experiencia y formación en la administración pública.
La gran interrogante ahora es si esas nuevas orientaciones contarán con el respaldo político suficiente para consolidarse, o si quedarán limitadas por las mismas dinámicas que en los últimos años han frenado reformas necesarias.
El país necesita una gestión pública basada en planificación, capacidad técnica y visión estratégica de largo plazo.
Con esa visión fue que la República Dominicana construyó consensos nacionales y aprobó como ley la Estrategia Nacional de Desarrollo. Esa ley estableció que el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo debía evaluar periódicamente el avance del país hacia sus metas de desarrollo.
Cuando esa institucionalidad se debilita o se relega, el Estado pierde capacidad de orientar el desarrollo y corre el riesgo de sustituir la planificación por la improvisación.
Porque gobernar no consiste únicamente en administrar el presente.
Gobernar significa anticipar el futuro, planificar el desarrollo y construir las bases del crecimiento de largo plazo.
Y la experiencia reciente parece recordarnos una lección sencilla pero fundamental:
ganar elecciones es un logro político; gobernar bien es una responsabilidad histórica.
