El Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana (FOPPPREDOM) expresó este viernes su firme respaldo al nuevo reglamento aprobado por la Junta Central Electoral (JCE), mediante el cual se establece el procedimiento para el registro de las firmas encuestadoras y la publicación de encuestas en materia electoral, al considerar que dicha normativa constituye un paso trascendental para la defensa de la transparencia, la equidad y la integridad del sistema democrático dominicano.
La entidad sostuvo que, durante los últimos años, el país ha sido testigo de una peligrosa proliferación de encuestas electorales realizadas y difundidas de manera irresponsable, muchas veces sin rigor metodológico verificable, sin controles institucionales efectivos y, en numerosos casos, respondiendo a intereses económicos, corporativos y políticos claramente definidos. Según el FOPPPREDOM, lejos de perseguir fines estrictamente científicos o académicos, una parte importante de estas mediciones ha sido utilizada como mecanismo de construcción artificial de percepciones y manipulación psicológica del electorado.
“El verdadero problema no es la encuesta seria y técnicamente sustentada; el problema es la utilización de supuestas mediciones como instrumentos de propaganda disfrazada de ciencia”, expresó la organización, al tiempo de advertir que muchas empresas encuestadoras han terminado operando como extensiones indirectas de grupos económicos y estructuras de poder interesadas en influir anticipadamente sobre la opinión pública y condicionar el comportamiento electoral de la ciudadanía.
El FOPPPREDOM valoró especialmente que el reglamento reconozca expresamente que la publicación anticipada de encuestas puede generar ventajas indebidas, desequilibrios en la competencia política y afectaciones a la libre y sana competencia democrática. A juicio de la entidad, este reconocimiento constituye una admisión institucional de una realidad que durante años distintos sectores políticos y académicos habían venido denunciando en la República Dominicana.
La organización destacó, además, que la decisión de la JCE encuentra sólido fundamento constitucional y legal en los principios de equidad electoral, transparencia, seguridad jurídica y legalidad administrativa contenidos en la Constitución de la República, la Ley núm. 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, la Ley núm. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y la Ley núm. 107-13 sobre Procedimiento Administrativo.
En ese sentido, el FOPPPREDOM consideró correcta y necesaria la disposición reglamentaria que prohíbe la publicación de encuestas fuera de los períodos legales de precampaña y campaña electoral. Según explicó, permitir que encuestas electorales circulen libremente dos o tres años antes de unas elecciones genera distorsiones profundas en el debate democrático, fomenta campañas permanentes encubiertas y termina afectando la igualdad de oportunidades entre actores políticos.
Asimismo, la entidad señaló que el exceso de encuestas anticipadas contribuye a crear un ambiente de “democracia condicionada por percepciones”, donde el debate de ideas, programas y propuestas termina siendo sustituido por narrativas artificiales de “candidatos inevitables”, “favoritos mediáticos” o “proyectos invencibles”, construidos muchas veces desde laboratorios de opinión financiados por sectores con capacidad económica y mediática.
El FOPPPREDOM sostuvo que ninguna democracia seria puede permitir que el mercado de las percepciones sustituya la soberanía popular auténtica. En tal virtud, indicó que las regulaciones adoptadas por la JCE no representan una limitación ilegítima a la libertad de expresión ni a la libertad de empresa, sino un ejercicio legítimo de regulación constitucional orientado a proteger el orden público electoral y la equidad en la competencia política.
Finalmente, la organización exhortó a todos los partidos políticos, medios de comunicación, firmas encuestadoras y actores sociales a actuar con responsabilidad democrática y respeto al marco jurídico electoral, recordando que la estabilidad institucional de la República Dominicana depende, en gran medida, de preservar procesos electorales transparentes, equilibrados y libres de manipulaciones encubiertas disfrazadas de estudios técnicos.
