
La abogada de la defensa asegura que no existe una sentencia definitiva que limite los derechos civiles y políticos del exaspirante presidencial. Afirma que el proceso busca limitar esos derechos y explica que la corte ordenó sanear el expediente para garantizar la participación de todas las partes.
SANTO DOMINGO.– La abogada Laura Acosta, integrante del equipo de defensa del exministro de Obras Públicas y excandidato presidencial Gonzalo Castillo, afirmó que su defendido conserva plenamente sus derechos civiles y políticos, debido a que no existe una sentencia con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada que los limite.
Acosta sostuvo que la presunción de inocencia de Castillo permanece vigente y manifestó que la defensa tiene plena confianza en que la corte confirmará el auto de no ha lugar dictado a su favor por el juzgado de instrucción.
Al responder preguntas de los periodistas sobre las posibles implicaciones del proceso judicial en las aspiraciones políticas de Castillo, la jurista expresó:
«Ninguna decisión judicial que no sea definitiva con autoridad de cosa irrevocablemente juzgada puede afectar ninguna decisión política. Porque un ciudadano que no ha sido limitado en su derecho civil y político. La presunción de inocencia es un derecho que le permite al ciudadano y se mantiene».
En ese contexto, Acosta aseguró que el desarrollo del proceso no impide que Castillo continúe ejerciendo sus derechos políticos y manifestó que el exaspirante presidencial mantiene su determinación de participar en la actividad política.
«Y como no existe y él tiene presunción de inocencia, no importa lo que pase en este proceso. Gonzalo Castillo puede ejercer sus derechos civiles y políticos libremente. Los ejercerá y dice que él va con todo», expresó.
«Para tratar de limitarle sus derechos civiles y políticos. Por eso fue metido en este proceso»
Durante el intercambio con los periodistas, una de las preguntas estuvo relacionada con las razones por las que Gonzalo Castillo continúa enfrentando este proceso judicial y si este podría afectar sus aspiraciones políticas.
Ante la interrogante, Acosta respondió directamente y cuestionó las motivaciones del proceso contra su defendido.
«Nosotros hemos dicho desde el primer día para imputar a Gonzalo Castillo. Pero ¿por qué está aquí precisamente? Por esa pregunta que tú acabas de hacer. Para tratar de limitarle sus derechos civiles y políticos. Por eso fue metido en este proceso», afirmó.
La abogada insistió en que deben separarse las discusiones judiciales de los derechos civiles y políticos de Castillo, los cuales, sostuvo, permanecen vigentes mientras no exista una sentencia definitiva con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada que establezca lo contrario.
Defensa pide sanear el proceso y garantizar la participación de todas las partes
Al explicar los detalles de la audiencia celebrada ante la corte, Acosta indicó que existen 15 recursos relacionados con el proceso, algunos de ellos interpuestos por querellantes que fueron excluidos del juicio de fondo.
La abogada explicó que también hay personas que recurrieron y otras que no lo hicieron, por lo que la defensa solicitó garantizar que todos los involucrados estén presentes y reciban las notificaciones correspondientes.
«Oigan bien, este recurso no es solo… son querellantes que fueron excluidos del juicio de fondo que recurrieron. Hay personas que recurrieron y que no recurrieron en la autoridad. Hay quince recursos. Entonces lo que nosotros dijimos cuando tomamos la palabra fue que todas las personas tienen que estar aquí», explicó.
Acosta señaló que la solicitud busca evitar que una eventual decisión favorable a Castillo pueda ser anulada posteriormente por falta de citación o notificación a alguna de las partes.
Para ilustrar el planteamiento, expresó:
«Porque si mañana yo quiero que mi confirmación de mi auto en un lugar nadie la pueda recurrir en casación para anularla porque alguien faltó. Entonces lo que queremos es sanear el proceso para que nadie falte. Y cuando nos confirmen el auto de no lugar no haya posibilidad de anular la decisión porque alguien faltó. Es tan simple como eso».
La jurista explicó que durante la revisión del procedimiento se identificaron personas que no habían sido citadas y otras que, aunque recibieron citación, no habían sido notificadas de determinados recursos, bajo el argumento de que supuestamente no les afectaban.
Sin embargo, señaló que corresponde a los propios interesados determinar si tienen algún interés o si consideran que una decisión puede afectarles.
«Hubo personas que no fueron citadas. Hubo personas que fueron citadas pero no le habían notificado el recurso porque alegadamente no les afectaba. Pero ¿quiénes saben si le afecta o no? Y son las personas que vienen. Ahí hubo personas que dijeron: “Sí me afecta” y por eso estoy aquí», relató.
Acosta indicó que ese fue precisamente el saneamiento procesal que ordenó el tribunal, pese a que, según explicó, el Ministerio Público pretendía que algunas personas fueran excluidas sin estar presentes.
«A pesar de que el Ministerio Público pretendía que se excluyeran personas sin que estuvieran aquí. Evidentemente eso es imposible tal y como dijo la magistrada presidenta. Que es que la corte no puede excluir a nadie que quiera participar en el proceso. Eso es una discusión de fondo», manifestó.
Dos días para completar las notificaciones
La abogada informó que la corte concedió un plazo de dos días para que todas las personas que entiendan que no han recibido las notificaciones correspondientes presenten una instancia sencilla, de una página, en la que indiquen cuáles recursos no les han sido comunicados.
Explicó que el primero de diciembre las partes deberán acudir a la secretaría del tribunal para verificar y retirar las notificaciones pendientes.
«En esos dos días tiene que hacer una instancia simple de una página que diga: no me notificaron esto, esto y esto. Y el día primero de diciembre venimos todos aquí, pero no en audiencia, a la secretaría a buscar lo que nos falta por notificar», detalló.
Asimismo, precisó que la audiencia para conocer las solicitudes fue fijada para el 11 de enero.
«Y luego el 11 de enero, perdón, venimos a la audiencia a conocer lo que pida la gente. Pero ya con todo el mundo aquí. Porque no se puede afectar gente que no está aquí», agregó.
Defensa confía en que se confirme el auto de no ha lugar
En cuanto a las expectativas de la defensa frente a los recursos presentados por el Ministerio Público, Acosta reconoció que este tiene derecho a recurrir la decisión que favoreció a Castillo, pero aseguró que los abogados están confiados en que será confirmada.
«El Ministerio Público tenía derecho de recurrir. Y nosotros de defendernos y estamos confiados en que será confirmado el auto de no lugar porque tal y como dijo el juzgado de instrucción no existen pruebas suficientes», afirmó.
La jurista reiteró que, a su entender, no existen pruebas suficientes para sostener la imputación contra el exministro y defendió la decisión emitida por el juzgado de instrucción.
Finalmente, al referirse a la determinación de Castillo de continuar ejerciendo sus derechos políticos y a la posición de su equipo legal frente al proceso judicial, Acosta concluyó reafirmando la disposición de ambos a continuar adelante.
«Los ejercerá y dice que él va con todo. Entonces eso es fuera de aquí. Aquí adentro nosotros también vamos con todo», concluyó.


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