El excontralor de la República, Rafael Germosén (2012-2016), manifestó que la Contraloría General de la República no podrá cumplir con la solicitud de auditorías realizadas por el presidente Luis Abinader.
Germosén explicó que, pese a la facultad de la entidad para hacer el proceso mediante firmas auditoras externas, debido a la falta de personal con la experiencia y competencia necesarias, y un equipo de auditores multidisciplinarios el referido procedimiento no podrá llevarse a cabo.
Dando continuidad al tema de la solicitud de auditorías hecha por el Poder Ejecutivo a la contraloría General de la República, la cual no sabemos cómo calificar, si como una solicitud apresurada con falta de conocimiento o un fuego artificial lanzado para entretener y distraer a la ciudadanía. Ustedes se preguntarán sobre qué base me atrevo a hacer dicha aseveración, la respuesta es simple.
La Contraloría General de la República por si o a través de firmas contratadas no tiene actualmente, ni en el mediano plazo la capacidad para ejecutar adecuada y efectivamente las auditorías solicitadas por el Poder Ejecutivo.
El planteamiento anterior se basa en tres razones fundamentales de índole técnico, operativo, y financiero. A continuación explicamos estas tres razones para dejar claramente lo expresado.
La primera razón de índole técnico, tal como expresara en la publicación anterior la Contraloría General de la República no dispone de auditores con la experiencia necesaria para efectuar auditorías de ese alcance y por ende carece de las competencias para ellos.
A esto se agrega la incertidumbre o desmotivación de los colaboradores debido a los despidos y degradaciones en términos salariales y de puestos a que están siendo sometidos en días recientes.
También se debe considerar que cada Institución Pública se rige por un andamiaje jurídico particular.
La naturaleza de cada institución es diferente, y es bueno aclarar que las informaciones financieras y los indicadores de gestión se generan de acuerdo a las características operativas de la institución auditada, por lo que se necesitará no sólo auditores financieros, sino un cuerpo de auditores multidisciplinarios para poder realizar una adecuada auditoría.
Por ejemplo, un programa de auditoría interna aplicado al Ministerio de Salud Pública o a un hospital requerirá auditores médicos o especialistas en administración de centros de salud, de igual manera una auditoría aplicada al Indrhi o INVI necesitará de ingenieros, o técnicos especializados para evaluar las operaciones de dichas instituciones.
La segunda razón es de índole operativa, todos sabemos que estamos siendo afectados por la pandemia del COVID-19, dicha situación también impacta el desenvolvimiento de las instituciones públicas, alrededor del 40 % de los servidores públicos están ejerciendo sus labores mediante la modalidad del teletrabajo, ya sea por prevención o porque una gran cantidad de colaboradores entran dentro del renglón de personas vulnerables, por su condición física y de salud.
En el desarrollo de una auditoría se requiere del soporte de las áreas operativas de las instituciones, ya sea para facilitar documentación, generar reportes, o brindar explicaciones de las actividades ejecutadas. Si tomamos en consideración esta situación la conclusión es que el proceso sería muy difícil de desarrollar, y en el mejor de los casos súper lento.
La tercera razón de índole económica. Se ha planteado la posibilidad de contratar firmas de auditores independientes, a simple vista si tomamos las dos razones antes expuestas esta resultaría la mejor opción, sin embargo es la menos viable debido a la dinámica operativa del Estado y la crisis económica que afecta a nuestro país.
Para poder contratar las firmas de auditores independientes se requiere del montaje de una licitación pública que implica definir claramente los términos de referencias que servirán de base para la licitación, lo cual implicaría dedicar una buena cantidad de horas para definir en términos técnicos las mismas.
De igual manera para la contratación se debe contar con la apropiación de los fondos vía presupuesto para poder montar la licitación, subir al portal transaccional (plataforma tecnológica establecida por la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas), disponer del tiempo necesario para recibir las ofertas, conocer las ofertas técnicas y financieras, seleccionar las firmas, todo lo antes expuesto siendo conservadores les tomaría mínimo seis (6) meses.
Luego iniciaría el proceso de contratación con un tiempo similar.
Sin embargo, el punto más importante en la parte financiera es que la pandemia a partir del mes de marzo del presente año ha generado la paralización del aparato productivo del país y consecuentemente la caída de los ingresos del Estado a través de las recaudaciones, así como el ingreso de divisas del turismos, al mismo tiempo el Estado tanto en la pasada gestión como la actual han tenido que socorrer económicamente a gran parte de la población que ha perdido sus empleos o han sido suspendidos, bajo estas condiciones económicas sería imprudente disponer de la gran cantidad de dinero que se requeriría para cubrir los costos de contratación de esas firmas de auditores.
Concluyo reiterando que la Contraloría General de la República no podrá cumplir con la solicitud hecha por el Presidente de la República debido a la falta de personal con la experiencia y competencia necesarias, y un equipo de auditores multidisciplinarios; la falta de apoyo por parte de las áreas operativas a auditar, y por falta de recursos económicos para contratar firmas independientes designadas por la Contraloría.
Rafael Germosén, excontralor General de la República.
Ex Presidente del Instituto de Auditores Internos de la RD
Maestría en Contabilidad y Auditoría
Contador Público Autorizado
Certificación en Gestión de Riesgo
Catedrático Universitario
Consultor en temas de Auditoria Finanzas y Gestión de Riesgos
