RÍO DE JANEIRO.- La Policía Federal brasileña registró este viernes las casas de tres supuestos miembros de una banda especializada en crímenes cibernéticos y que accedió ilegalmente a datos personales de unos 200.000 funcionarios y autoridades, entre ellos el presidente Jair Bolsonaro.
El grupo comenzó a ser investigado en mayo pasado luego de que filtraría datos personales del jefe de Estado y de sus familiares, incluyendo resultados de algunos de los exámenes médicos a los que fue sometido el mandatario, obtenidos mediante una invasión al sistema informático del Hospital de las Fuerzas Armadas.
La “organización criminal hacker” se especializaba en invadir los sistemas informáticos de organismos públicos con el fin de “exponer indebidamente los dados privados de funcionarios y de autoridades públicas”, informó la Policía Federal en un comunicado.
Las investigaciones permitieron establecer que los ataques cibernéticos eran realizados desde equipos instalados en tres residencias en los estados de Río Grande do Sul (sur) y Ceará (noreste), que este viernes fueron registradas.
Los agentes de la Policía Federal cumplieron órdenes de allanamiento y de incautación de posibles pruebas en las tres residencias, de las que fueron retirados computadores, teléfonos celulares, memorias, discos duros y otros equipos informáticos.
Uno de los allanamientos fue realizado en una residencia en la ciudad de Porto Alegre, capital de Río Grande do Sul, en la que fue identificado un adolescente de 17 años que se había especializado en ataques cibernéticos.
Igualmente fueron blanco de la operación la residencia de un joven de 19 años en Nova Bassano, municipio igualmente de Río Grande do Sul, y la de un adulto en Fortaleza, la capital del estado de Ceará.
La operación de este viernes “busca recoger elementos que permitan aclarar las circunstancias en que se produjeron las invasiones de los sistemas públicos de informática”, según la Policía Federal.
El arresto de los integrantes de la organización dependerá de las pruebas que sean recogidas en los allanamientos.
Según el organismo, los integrantes del grupo hacker investigado obtuvieron y expusieron de forma ilícita los datos personales de al menos 200.000 funcionarios y autoridades públicas para “intimidar y humillar tanto a las instituciones como a las víctimas que tuvieron sus datos e intimidad expuestos”.
La banda consiguió invadir los sistemas informáticos de decenas de universidades, alcaldías y concejos municipales en diversas ciudades de los estados de Río de Janeiro, Paraná, Goiás y Río Grande do Sul, así como los de un Gobierno regional y de diferentes órganos públicos.
Los investigadores calculan que 90 instituciones fueron invadidas tan sólo en el estado de Río Grande do Sul.
La Policía Federal dijo estar concentrada en la investigación de los crímenes de invasión de dispositivo informático, estafa, asociación para delinquir y corrupción de menores.
Sin embargo, admitió haber encontrado también indicios de la práctica de otros crímenes cibernéticos por parte de la misma organización, como compras fraudulentas por internet y fraudes bancarios.