Empresarios, académicos y organizaciones sociales de Santiago hacen un llamado al Senado de la República a que, quienes encabecen la Junta Central Electoral, posean un perfil independiente de los partidos políticos, que no tengan militancia partidaria, y que además esté provisto de legitimidad, probidad (pública y privada) y la profesionalidad.
Consideran que la crisis de legitimidad y credibilidad que tiene actualmente la Junta luego del proceso electoral recién finalizado requiere de un equipo de hombres y mujeres competentes y honestos que permita devolver a ese organismo la confianza que otrora tuvo.
La Asociación de Empresas del Centro de Santiago (Asecensa), académicos y catedráticos de distintas instituciones de educación superior y la Entidad Compromiso Santiago, exhortan al Congreso a proponer y seleccionar a los miembros conforme a la aspiración de la ciudadanía de contar con una institución confiable, sólida y eficiente que fortalezca la democracia.
Señalan que decenas de profesionales han presentado sus candidaturas y que esperan que la selección se realice conforme a criterios entre los cuales prevalezca el perfil profesional y la trayectoria de vida de los aspirantes, que permitan que sus acciones y decisiones no estén comprometidas con intereses partidarios o personales, sino sustentadas en la Constitución y las leyes, como garantía de la equidad y transparencia que desea la sociedad dominicana.
Al destacar la trayectoria de los santiagueros Manuel Ulises Bonnelly Vega y Rafael Armando Vallejo Santelises, pasado miembro de la JCE en 1994, dijeron estar convencidos, sin embargo, de que si se procura la recuperación de la confianza, la implementación de mejoras técnicas y la consolidación de los avances que hayan podido tener las anteriores gestiones de la JCE, no basta la simple independencia partidaria sino que se hace necesario ponderar otros elementos cruciales para la selección de los nuevos miembros, tales como: la legitimidad, la probidad (pública y privada), la profesionalidad y el consenso social.
A la petición de los santiagueros se suma el Instituto Caribeño para el Estado de Derecho (ICED).
