Pide retomar discusiones y actualizar contenido en correspondencia con anuncios y planes del presidente Abinader
Justicia y Transparencia advierte enfrentará en tribunales firma ilegal e ilegítima del Pacto Eléctrico
Santo Domingo, Rep. Dom., 19 enero del 2021.- La Fundación Justicia y Justicia y Transparencia (FJT), rechazó las pretensiones de las actuales autoridades del Consejo Económico y Social (CES), al convocar para finales de mes el aun no concluido Pacto Eléctrico, violador de los derechos de los usuarios del sistema eléctrico, excluyente por demás y con diversos puntos en el limbo e inconclusos.
Trajano Potentini, presidente de Justicia y Transparencia, una de las entidades convocadas por decreto del Poder Ejecutivo # 389-14, para el Pacto Eléctrico, deplora que después de varios años de análisis, estudios y discusiones, no se haya llegado a consenso satisfactorio, sobre todo por la ambición desmedida de sectores empresariales, que pretenden mantener la electricidad como un negocio y no como un bien público, en cuyo caso debe el estado garantizar y priorizar el interés colectivo por encima del interés particular y privado.
Potentini se mostró sorprendido y preocupado al recibir una comunicación del Consejo Económico y Social (CES), firmada por su actual presidente Rafael Toribio, donde se le invita a firmar para fines de mes el referido pacto, todo ello en desconocimiento, de que el mismo no ha sido concluido oficialmente, con varios puntos en disenso, y lo peor a la fecha ya descontextualizado, además de que los sectores involucrados, ni siquiera recuerdan o tienen el borrador de lo último pautado.La entidad cívica recordó que los escollos que en el pasado accidentaron el feliz término del pacto aún persisten, como lo fue la falta de transparencia en la entrega de documentos vitales, sobre el manejo de la administración del sistema eléctrico, las exigencias para que se revocaran todos los contratos leoninos y dañinos al interés nacional, donde hay que pagar todos los meses millones en dólares por plantas apagadas, una de las facturaciones eléctricas más cara del mundo, entre otros.
Para Justicia y Transparencia sería indispensable contemplar y discutir en el Pacto Eléctrico, la eliminación y unificación en un solo órgano del grupo de entidades en que se ha dividido el sector eléctrico, como si se tratara de un pastel que ha sido repartido como botín de guerra para políticos y empresarios, con estructuras compuestas por consejos de dirección, donde sus miembros devengan sueldos que van desde los 400 mil pesos en adelante.
Potentini entiende, que es un imperativo el sacar del tema eléctrico y la administración de sus órganos, de la clientela política, también la eliminación o anulación de los contratos y una reforma integral en el plano jurídico, la cual garantice con reglas claras y definidas, el no volver a caer, el sector eléctrico en el secuestro a que ha sido sometido por grupos empresariales y en complicidad con sectores oficiales.
Asimismo, la FJT consideró como contraproducente y descabellado, el que se desconozca que el presente gobierno, en la persona de su presidente Luis Abinader, en una alocución conversatorio, de apenas ayer lunes, planteara un ambicioso plan en materia energética, el cual debe ser incorporado y actualizado a las discusiones del pacto, retomando su reinicio, máxime cuando el partido de gobierno, en su oportunidad como Partido Revolucionario Dominicano (PRM), abandono y marginó del conocimiento del pacto, denunciando su desacuerdo y falta de transparencia en lo consensuado.
Finalmente, Justicia y Transparencia hizo un llamado al señor Toribio, y a la matrícula dirigencial del CES, para que detengan y dejen sin efecto las referidas pretensiones, de firmar un pacto inconcluso y sin el aval del sector social, además de ser contrario y violatorio a los intereses y derechos de las grandes mayorías del pueblo dominicano, desconocedor del debido proceso administrativo, carente de legitimidad y transparencia, tras advertirles, que de continuar con los referidos despropósitos, nos veremos en la obligación de acudir a los tribunales de la república, para reclamar los derechos conculcados.
