Por: Alejandro Santos

Indiscutiblemente, la manera en que fue concebido el proyecto de reforma fiscal representaba una pieza que afectaba de manera amplia y severa a la economía de la clase media y a sectores productivos nacionales.

Era de esperarse una reacción de rechazo. En esta ocasión, el rol protagónico lo asumió el empoderamiento espontáneo, principalmente de la población capitalina de los residenciales de clase media.

Los cacerolazos se expandieron al unísono, acompañados de una firme decisión de cobrarle al gobierno de Abinader con la retirada de su apoyo, en caso de que se aprobara cualquier medida que afectara a esa clase. Así, diversos factores se fueron sumando hasta que tanto el Congreso como el gobierno entendieron que esa propuesta de reforma fiscal no es viable en estos momentos para nuestro país.

Sin duda alguna, debemos reconocer la decisión responsable y la capacidad del presidente Abinader de sintonizar con el sentir de la población al retirar y dejar sin efecto el proyecto de ley de “Modernización Fiscal”.

Mientras tanto, el gobierno se enfrenta al gran dilema de cómo hacer frente a los compromisos de pago de la deuda externa y al déficit del presupuesto nacional.

La mayoría de las organizaciones sociales y creadores de opinión son partidarios de que el gobierno ajuste los gastos corrientes, que han experimentado un notable aumento en los últimos tiempos.

Asimismo, economistas independientes sostienen que una nueva reforma fiscal debe centrarse en gravar el consumo suntuario, las bancas de juego y los grandes capitales, quienes deben aportar más para que nuestro país logre implementar un modelo fiscal progresista.

Seguramente, el debate sobre la reforma fiscal continuará, y es de esperar que se mantengan contradicciones sobre cuál es la mejor vía para definir las fuentes de recaudación.

Es evidente que a ningún sector le agrada la idea de que se le apliquen impuestos que reduzcan su nivel de consumo, ahorro e inversión.

Dada la complejidad de la composición socioeconómica actual de la República Dominicana, lo más sensato es no afectar más a la clase media y a los sectores más vulnerables. Cualquier propuesta futura debe enfocar su fuente de recaudación en la clase alta y en actividades y bienes suntuarios.

La reforma fiscal seguirá en un rumbo incierto, dentro de un laberinto del que aún no se vislumbra una salida factible para la República Dominicana.

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